El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, negó enfáticamente que las fuerzas de seguridad del país tengan instrucciones de enfrentarse a los estudiantes de secundaria que llevan más de dos semanas protestando en Francia. La declaración fue vertida en un mensaje televisado a la nación el miércoles por la noche, en medio de un clima de alta tensión marcado por crecientes denuncias de brutalidad policial, cientos de heridos y más de 6.500 detenidos, en su gran mayoría menores de edad.
Horas antes del discurso del primer ministro, el ministro del Interior, Laurent Nunez, anunció la suspensión temporal del uso de granadas aturdidoras en las manifestaciones de estudiantes secundarios. La medida busca esclarecer los hechos ocurridos el lunes en la ciudad de Lens, donde un adolescente de 15 años sufrió la amputación de una mano producto de un disparo policial con este tipo de artefacto.
La agudización del conflicto también incluye antecedentes recientes en el noroeste de París, donde un estudiante de 14 años perdió varios dientes tras ser alcanzado a corta distancia por una granada de gas lacrimógeno, hecho por el cual un agente policial fue imputado el martes. Hasta el momento, las autoridades han abierto 18 investigaciones internas para determinar responsabilidades por presunta mala conducta de los efectivos policiales.
Frente al avance del conflicto, Lecornu reconoció que la indignación de los jóvenes no surge sin motivo y prometió que el Ejecutivo presentará a finales de octubre un plan de respuesta a la crisis. Sin embargo, no precisó medidas concretas inmediatas, argumentando la necesidad de ofrecer soluciones realistas y debidamente financiadas en lugar de promesas insostenibles.
La falta de respuestas inmediatas tras las reuniones celebradas en el Ministerio de Educación derivó en el rechazo por parte de las agrupaciones estudiantiles y gremios docentes. Como consecuencia, las organizaciones convocaron a nuevas jornadas de protesta y huelgas nacionales para este jueves, con el objetivo de sostener la presión sobre las autoridades y exigir medidas urgentes de fondo.
Entre los principales reclamos que impulsan las protestas se destacan la falta de docentes en la educación pública, los horarios sobrecargados, el deterioro de la infraestructura edilicia y la incapacidad de los establecimientos para afrontar el aumento de las temperaturas. Los manifestantes sostienen que disponen de propuestas con respaldo presupuestario para ser presentadas en una reunión formal con el primer ministro.
El reclamo estudiantil sobre la crisis educativa encuentra sustento en indicadores internacionales. De acuerdo con el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la OCDE, en 2025 los jóvenes franceses de 15 años registraron un retroceso de 43 puntos en comprensión lectora respecto a 2015, representando la mayor caída entre los países miembros de la organización, con un deterioro similar en matemáticas.
El impacto operativo de las protestas se refleja en el bloqueo parcial o total de más de 500 escuelas secundarias, donde los estudiantes obstaculizan los accesos utilizando contenedores de basura, entonando consignas e imprevistas manifestaciones pacíficas. No obstante, en sectores aledaños a centros educativos como la universidad Sciences Po en París, la policía empleó gas lacrimógeno para despejar barricadas e impedir los bloqueos.
En el plano judicial, abogados defensores de menores detenidos denunciaron maltratos físicos, agresiones e insultos durante los arrestos. Voceros del Colectivo para la Acción Judicial sostuvieron que una amplia proporción de los estudiantes trasladados presentaba lesiones causadas por bofetadas, golpes de bastón o maniobras de reducción contra el suelo ejercidas por el personal policial.
Paralelamente, los daños materiales derivados de episodios violentos ascienden a cifras significativas. El ministro de Educación, Edouard Geffray, informó ante el Parlamento que 24 escuelas secundarias sufrieron destrozos e incendios de tal gravedad que permanecerán cerradas por semanas, afectando a unos 30.000 alumnos. Se estima que el costo de reparación oscilará entre los 20 y 30 millones de euros.
El conflicto ha provocado intensas reacciones en el ámbito político francés. Mientras la dirigente de ultraderecha Marine Le Pen exigió que los responsables del vandalismo financien los arreglos en lugar de los contribuyentes —postura alineada con un proyecto de ley que impulsa el propio Gobierno—, desde la oposición de izquierda, Manuel Bompard (Francia Insumisa) cuestionó la tardanza oficial en restringir el uso de granadas contra menores.
A pesar de la polarización y de la creciente preocupación por el nivel de violencia registrado en las calles, la opinión pública mantiene cierta empatía con el reclamo de fondo. Según una encuesta de la consultora Elabe para la cadena BFM TV, un 72% de la ciudadanía francesa considera legítimas las demandas estudiantiles, aunque un 55% opina que las movilizaciones deben cesar para restaurar el orden.
