El presidente Rodrigo Paz denunció este miércoles que recibe amenazas de muerte de forma cotidiana y aseguró que no teme por su vida. También afirmó que algunos legisladores y ministros recibieron amenazas similares.
Paz se refirió al tema durante el lanzamiento del Censo Agropecuario 2026, en Trinidad. En su discurso, afirmó que varios parlamentarios recibieron amenazas de muerte cuando votaron por modificar la ley de elección del fiscal general y posteriormente designaron a la nueva autoridad interina.
“El otro día que se quedaron, el viernes, aprobando la ley de modificación y después votando para el cambio de un nuevo fiscal, muchos parlamentarios recibieron amenazas de muerte para con sus familias en su WhatsApp (…) Lo mío es cotidiano”.
El mandatario atribuyó las amenazas a las acciones que impulsa su gobierno para encarcelar a personas a las que calificó de “corruptos y ladrones”. En ese sentido, aseguró que algunos ministros también fueron amenazados.
“Sé que estamos metiendo a la cárcel a los corruptos y a los ladrones, pero también sé que tenemos que invertir en el país. Los ministros me dicen, presidente, ya este es un gobierno que decide, pero nos amenazan a nuestras familias”.
Paz también afirmó que les dijo a su esposa, María Elena Urquidi, y a sus hijos que no teme a la muerte si debe dar la vida por el país.
“Yo ya le dije a mi mujer y a mis hijos, yo no le temo a la muerte por la patria, porque la muerte no puede ser más grande que la vida que le podamos dar a la diferencia y a la construcción de una mejor Bolivia”.
Investigaciones contra Mariaca
El miércoles de la semana pasada, el entonces fiscal general del Estado Roger Mariaca fue aprehendido y posteriormente suspendido de forma definitiva. Actualmente cumple detención preventiva en el penal de Cantumarca, en Potosí, por dos procesos: uno por presunta organización criminal y tráfico de sustancias controladas y otro por presunta legitimación de ganancias ilícitas.
Además, el exfiscal departamental de Santa Cruz Alberto Zeballos fue enviado al penal de El Abra, en Cochabamba; el exfiscal superior Martín Irusta, al centro penitenciario de Patacamaya; y el mayor de Policía Rubén Aparicio, a Chonchocoro.
Desde la detención de Mariaca, 14 personas fueron aprehendidas en el marco de las investigaciones.
El lunes, José Armando Urioste fue posesionado como fiscal general del Estado interino.
