
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reveló este martes la existencia de una comisión gubernamental paralela al sistema de jueces y a la Fiscalía General de la República que evalúa los casos de las más de 92.000 personas detenidas durante los cuatro años y medio de régimen de excepción y que podría beneficiar a “más o menos el 50%” de ellos con libertad condicional. “Estamos evaluando los casos para ofrecer una liberación anticipada a una gran cantidad de reos que sí son culpables, que sí merecen estar en la cárcel, pero que en las condiciones que vive nuestro país tal vez se puede hacer una excepción con una gran cantidad de ellos”, dijo el mandatario.
El anuncio de Bukele se produjo tras una conversación con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, sobre cómo combatir la “influencia extranjera maligna” en la región, según informó el Departamento de Estado. Bukele aseguró que la nueva comisión no depende del sistema de jueces ni de la Fiscalía General de la República como contempla la Constitución, sino de una especie de “tercera forma” de justicia. El mandatario reveló su existencia después de que una periodista insistiera en obtener una respuesta sobre las declaraciones que Ibrahim Bukele, uno de sus hermanos, publicó en redes sociales a principios de abril, cuando dio a conocer la existencia de este mecanismo.
Según reveló entonces el hermano del mandatario, la comisión está compuesta por jueces, fiscales y personal del órgano Ejecutivo, incluyendo a la primera dama, Gabriela de Bukele. “Creo que lo que él quiso decir es que lo que estamos haciendo es que nosotros no tenemos ninguna intención de tener a ninguna persona que no sea culpable en la cárcel”, defendió el presidente.
En su momento, el hermano del mandatario, quien no tiene ningún cargo oficial en el Gobierno pero que goza de un gran poder de facto al igual que otros miembros de su familia, reveló que la comisión se encarga de revisar “uno por uno” los casos de privados de libertad durante el régimen de excepción y las más de 500 muertes bajo custodia del Estado documentadas por organismos defensores de derechos humanos. “Todos los días se reciben casos que revisar”, dijo, sin aclarar cuál es el mecanismo ni qué leyes, base jurídica o criterios usan para decidir quién merece seguir en la cárcel o no.
Bukele no señaló cuánto tiempo podría tardar la evaluación, mientras miles de detenidos llevan ya más de cuatro años en prisión, el tiempo que lleva en vigor el estado de excepción, que se mantiene. “Nosotros teníamos un paciente con cáncer metastásico, con un 85% del cuerpo tomado por el cáncer. Y aplicamos una quimioterapia. Funcionó. Ahorita el cáncer está en remisión. No hay homicidios, asaltos, robos, violaciones. El cáncer no está afectando al cuerpo. Pero a la vez todavía existen células cancerígenas. Todos los días atrapamos pandilleros”, dijo.
Juicios masivos
Desde enero pasado, los juzgados iniciaron una serie de juicios masivos en los que se procesa al mismo tiempo a miles de detenidos. De acuerdo con abogados consultados por este periódico, la mayoría están siendo condenados señalados de colaborar con las pandillas y por el delito de agrupaciones ilícitas sin que haya oportunidad de defenderlos. “Los están condenando a todos”, dijo uno de los abogados consultados.
La revelación de la comisión se da luego de decenas de denuncias de organismos nacionales e internacionales sobre miles de detenciones arbitrarias e incluso una investigación por delitos de lesa humanidad como torturas, asesinatos y desapariciones forzadas durante el régimen de excepción. En esta última denuncia, los expertos que elaboraron el informe sugirieron al gobierno crear una comisión de justicia y restauración para los inocentes detenidos.
Según el mandatario, la comisión busca beneficiar a los presos que tuvieron una colaboración mínima con las pandillas, un grupo que podría representar hasta la mitad de todos los detenidos bajo el régimen de excepción. La revelación contrasta con el discurso que Bukele ha sostenido durante más de cuatro años, en el que ha defendido las detenciones al asegurar que los capturados son pandilleros y al decir que el “margen de error” de su política represiva podría ser de apenas el 1%. “Nunca más van a salir”, llegó a decir el mandatario.