El Parlamento Europeo concedió este jueves el premio Sájarov 2026 a la libertad de conciencia al Tribunal Penal Internacional (TPI), en un gesto de respaldo a la justicia internacional frente a las sanciones impulsadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra el organismo con sede en La Haya. El reconocimiento distingue la labor de sus jueces y funcionarios en la investigación y persecución de los crímenes más graves, en un momento de creciente presión política sobre la institución.
La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, destacó que la Unión Europea se fundamenta en el respeto al multilateralismo y a las instituciones internacionales. Según afirmó, el premio reconoce el trabajo del tribunal en la defensa del derecho internacional y la justicia, principios que Bruselas considera esenciales para preservar el orden jurídico entre las naciones.
La decisión se produce después de que la Administración Trump anunciara nuevas sanciones contra el TPI, destinadas a presionar a una institución que Washington cuestiona por sus actuaciones judiciales. La Unión Europea calificó esas medidas de profundamente lamentables y expresó su preocupación por las consecuencias que podrían tener sobre la independencia del tribunal y su capacidad para cumplir sus funciones.
La presidenta del TPI, la jurista japonesa Tomoko Akane, agradeció el reconocimiento y advirtió que la institución y sus funcionarios afrontan desafíos sin precedentes, incluidas sanciones que buscan obstaculizar su mandato judicial. Sostuvo que el apoyo internacional resulta fundamental para garantizar que la Corte actúe de manera independiente e imparcial, al servicio de la justicia y de las víctimas de los delitos más graves.
El Parlamento Europeo destacó la labor del tribunal en todas las etapas de sus procedimientos, desde las investigaciones hasta los juicios y la emisión o autorización de órdenes de detención. El premio, creado en 1988, distingue cada año a personas, grupos u organizaciones comprometidos con los derechos humanos, la libertad de expresión y los valores democráticos. La ceremonia oficial de entrega está prevista para diciembre en Estrasburgo.
La candidatura del TPI fue presentada por el grupo de Socialistas y Demócratas de la Eurocámara antes de conocerse la nueva ronda de sanciones estadounidenses. Su impulsora, la eurodiputada española Hana Jalloul, defendió que Europa debe demostrar con hechos su compromiso con el Estado de derecho, la independencia judicial y la igualdad de todos ante la ley, sin permitir que la justicia dependa de los intereses de las potencias más poderosas.
El tribunal competía con otras dos candidaturas: la del opositor tanzano Tundu Lissu, encarcelado por su actividad política y su defensa de elecciones libres, y la de las hermanas iraníes Taraneh y Romina Rahimi, condenadas a muerte y a una larga pena de prisión, respectivamente, por participar en protestas contra el régimen de Teherán. El respaldo de socialdemócratas, liberales, verdes y representantes de la izquierda terminó inclinando la votación a favor del organismo judicial.
El anuncio fue recibido con ovaciones en el hemiciclo europeo, aunque los representantes de la extrema derecha no se sumaron a la celebración. Según la información publicada por El País, ese sector también fue el único que no condenó durante un debate parlamentario las sanciones estadounidenses contra el tribunal. La votación dejó al descubierto las diferencias políticas dentro de Europa sobre la respuesta que debe darse a las presiones de Washington.
La presidenta del grupo liberal Renew, Valérie Hayer, afirmó que el resultado envía un mensaje claro en favor de la justicia frente a la intimidación. Por su parte, Iratxe García, presidenta de los Socialistas y Demócratas, calificó el premio como una victoria para la justicia internacional y una derrota para los autócratas. Ambas dirigentes defendieron que las instituciones judiciales deben poder actuar sin interferencias políticas.
García también reclamó a la Comisión Europea que active el denominado estatuto de bloqueo, un mecanismo destinado a proteger a empresas y operadores comunitarios frente a la aplicación de determinadas sanciones extraterritoriales estadounidenses. La propuesta busca impedir que las compañías europeas se vean obligadas a cumplir medidas de Washington que puedan afectar sus relaciones comerciales o la prestación de servicios al tribunal internacional.
La Comisión Europea afirmó que mantiene abiertas todas las opciones, aunque recordó que la aplicación de las sanciones estadounidenses no comenzaría hasta dentro de seis meses. Los líderes de la Unión Europea también instaron a preparar medidas para proteger al TPI y reducir el impacto de las restricciones, especialmente sobre las empresas europeas que le prestan servicios, en caso de que el diálogo con Washington no consiga modificar la decisión.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respaldó el galardón y aseguró que Europa apoya firmemente a Akane, a los jueces y a los funcionarios del tribunal. El reconocimiento abre así un nuevo capítulo en las diferencias entre Washington y Bruselas sobre el papel de la justicia internacional. Más allá de su valor simbólico, el desafío será garantizar que las presiones de las grandes potencias no impidan investigar los crímenes más graves ni debiliten la aplicación del derecho internacional.
