La justicia ecuatoriana ordenó este viernes prisión preventiva para Luisa González, excandidata presidencial y una de las principales dirigentes del correísmo, por su presunta participación en un esquema de lavado de activos vinculado con el financiamiento de la campaña electoral de 2023. La medida fue dispuesta por un juez a solicitud de la Fiscalía, en el marco de una investigación denominada caso Laberinto.
González, abogada de 48 años, fue detenida el
jueves en su domicilio de la localidad rural de Canuto, en la provincia costera
de Manabí. Posteriormente, fue trasladada al Cuartel Modelo de Guayaquil, donde
permaneció bajo custodia policial mientras se desarrollaba la audiencia de
formulación de cargos por videoconferencia.
La resolución judicial también dispuso prisión
preventiva para el exasambleísta Santiago Díaz y Wendy Onofre, exfuncionaria
del Municipio de Guayaquil, quien se entregó voluntariamente a las autoridades.
En tanto, Estefanía Molina, coordinadora de la oficina de Díaz y tesorera de la
campaña, recibió medidas cautelares que incluyen presentaciones periódicas ante
la justicia, prohibición de salir del país y uso de un dispositivo electrónico
de vigilancia.
El caso Laberinto busca determinar el origen y
destino de aproximadamente 500.000 dólares que habrían sido utilizados en
publicidad electoral y que presuntamente no fueron declarados. Según la
hipótesis investigada por el Ministerio Público, parte de esos recursos podría
estar relacionada con fondos procedentes de Venezuela y con operaciones
financieras vinculadas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien se
encuentra detenido en otro proceso judicial.
José Julio Neira, secretario general de la
Administración Pública, explicó que las autoridades investigan un posible
ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña
presidencial de González. El funcionario sostuvo que los gastos electorales
deben tener un origen verificable y ajustarse a las obligaciones de
transparencia establecidas por la legislación ecuatoriana.
Uno de los elementos que impulsaron la
investigación fue el testimonio de Santiago Díaz, quien aseguró haber
trasladado dinero en efectivo desde Venezuela a Ecuador para financiar la
campaña correísta. Díaz cumple actualmente una condena de 29 años y cuatro
meses de prisión por la violación de una menor, delito por el que fue expulsado
del movimiento político liderado por el expresidente Rafael Correa.
Durante la audiencia, González rechazó las
acusaciones y manifestó su intención de permanecer en Ecuador para defenderse.
Aseguró que está dispuesta a colaborar con las autoridades y pidió al juez que
se le garantice un trato justo. También afirmó que, pese a haber salido del
país en varias ocasiones, siempre regresó para responder ante la justicia.
La dirigente sostuvo que afronta 19 procesos
en la Fiscalía y calificó su situación como una persecución política. En un
comunicado difundido en sus redes sociales después de conocerse la decisión
judicial, reiteró que permanecerá en el país y que no renunciará a su defensa.
Sus declaraciones contrastan con la posición de la Fiscalía, que considera
necesario mantenerla bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación.
La causa se suma al denominado caso Caja
Chica, por el que González ya era investigada desde marzo por presuntas irregularidades
en el financiamiento de su campaña presidencial de 2023. Durante la audiencia,
la propia dirigente hizo referencia a ese proceso y cuestionó las actuaciones
de las autoridades en su contra.
González es una de las principales
representantes de Revolución Ciudadana, la organización política del
expresidente Rafael Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017 y reside en
Bélgica. La excandidata disputó las elecciones presidenciales de 2023 y 2025,
pero fue derrotada en ambas ocasiones por Daniel Noboa, actual mandatario
ecuatoriano.
La detención se produce a poco más de un mes
de las elecciones locales previstas para el 29 de noviembre. El movimiento
Revolución Ciudadana enfrenta, además, la suspensión de su participación
política y la inhabilitación de su candidatura por parte del Tribunal
Contencioso Electoral, decisiones que impedirán a la organización concurrir a
los comicios de alcaldes y prefectos provinciales, según los antecedentes del
caso.
El proceso judicial representa un nuevo golpe
para el correísmo, principal fuerza opositora al Gobierno de Noboa, que acusa
al entorno de Correa de haber contribuido al deterioro de la seguridad y al
avance del narcotráfico en Ecuador. El movimiento, por su parte, denuncia una
persecución contra sus dirigentes. La prisión preventiva no constituye una
condena y la responsabilidad penal de González deberá determinarse durante el
proceso.
La legislación ecuatoriana establece penas de entre uno y 13 años de prisión para el delito de lavado de activos, dependiendo de las circunstancias y la gravedad de los hechos. La investigación deberá establecer si los fondos examinados procedían de actividades ilícitas, cómo fueron movilizados y si existió responsabilidad de González y de los demás investigados en su utilización para financiar la campaña electoral.
