Al menos 68 personas murieron este miércoles en un accidente ferroviario ocurrido cerca de la estación de Urda, en la provincia española de Toledo, tras la colisión de dos trenes de alta velocidad. Según el último balance disponible, 53 heridos permanecían hospitalizados en centros sanitarios de Castilla-La Mancha y otros 56 habían recibido el alta médica.
El siniestro involucró a un tren AVE de Renfe, en el que viajaban cerca de 400 personas, y a un convoy de la compañía Iryo, con otros 146 pasajeros. El accidente se produjo a las 8:53, cuando el tren AVE chocó con el otro convoy, que permanecía detenido en la vía que conecta Madrid con Andalucía.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó la zona del accidente y aseguró que la investigación llegará hasta el final para determinar las causas y establecer si hubo negligencias. También calificó de inaceptable que España registre dos accidentes graves de trenes de alta velocidad en menos de un año.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, describió el siniestro como «absolutamente inverosímil» e «inexplicable», mientras que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamó explicaciones sobre el estado de las infraestructuras ferroviarias y exigió una revisión completa e independiente de la red.
Uno de los principales elementos de la investigación son las comunicaciones entre los maquinistas y el centro de control ferroviario de Atocha, en Madrid. Según los audios difundidos, el controlador habría ordenado reanudar la marcha normal, en lugar de aplicar el protocolo que exigía avanzar con precaución y a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora.
Las grabaciones también indican que la maquinista del tren Iryo comunicó que el convoy seguía detenido porque no podía reiniciar la marcha. Sin embargo, según la información publicada, no se habría advertido al conductor del AVE que se aproximaba para que frenara antes de llegar al lugar del accidente. Las circunstancias y posibles responsabilidades deberán establecerse mediante la investigación.
Los equipos de emergencia continuaban trabajando durante la noche para localizar posibles víctimas atrapadas entre los restos de los vagones. La Guardia Civil desplegó drones con sensores térmicos y preparó la intervención de unidades caninas, mientras la maquinaria pesada retiraba parte de los convoyes destruidos.
El Instituto de Medicina Legal de Toledo había recibido los cuerpos de 52 fallecidos y realizado ocho autopsias. Otros dos cuerpos habían sido trasladados al instituto forense de Ciudad Real. Las autoridades preveían comenzar la identificación de las víctimas este jueves, mientras continuaban las tareas de recuperación y reconocimiento.
La magnitud de la tragedia llevó al Gobierno español a decretar tres días de luto oficial, desde las 00:00 del jueves 29 hasta las 24:00 del sábado 31 de octubre. Durante ese periodo, las banderas de los edificios públicos y de los buques de la Armada permanecerán a media asta.
El accidente también provocó importantes alteraciones en el transporte ferroviario. Renfe suspendió los servicios de alta velocidad entre Madrid y Andalucía para este jueves y anunció un plan alternativo de transporte a partir del viernes. Las restricciones afectan también a conexiones desde Barcelona y Valencia con Sevilla y Málaga.
Las autoridades habilitaron espacios de atención y acompañamiento para los familiares de las víctimas en Toledo, además de salas en las estaciones de Sevilla, Córdoba y Málaga. Varias cadenas hoteleras ofrecieron alojamiento a los allegados desplazados, mientras ciudadanos y empresas colaboraron con alimentos, productos básicos y otros recursos.
La tragedia reavivó el recuerdo del accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido nueve meses antes, cuyos sobrevivientes expresaron su conmoción ante un nuevo siniestro de características similares. Algunos reconocieron que todavía sufrían las consecuencias psicológicas de aquella experiencia y manifestaron temor a volver a viajar en tren.
El accidente desató además protestas frente al Ministerio de Transportes, en Madrid, donde cientos de personas reclamaron responsabilidades políticas y la dimisión de Óscar Puente. Mientras la oposición exigió una investigación independiente, el organismo encargado de esclarecer las causas pidió prudencia y advirtió que todavía era demasiado pronto para formular hipótesis definitivas sobre el origen de la colisión.
