El diputado del ala “arcista” del MAS, Rolando Américo Enríquez Cuéllar, fue aprehendido por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), ya que tenía una orden de aprehensión ante la inasistencia a declarar en tres oportunidades en un proceso iniciado por el Fiscal Departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca Montenegro.
Cuellar fue arrestado en pleno Palacio de Justicia y trasladado enmanillado al Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) en el Plan 3.000.
El fiscal Mariaca confirmó que presentó un recurso de Acción de Privacidad contra Cuéllar no en calidad de autoridad, sino como persona particular por los constantes ataques del legislador contra él y su familia.
“Como ciudadano común voy a continuar con esta denuncia que hoy de oficio se inicia en una sala del Tribunal Departamental de Justicia constituida en Sala Constitucional”, señaló Mariaca, quien enfatizó se presentó en calidad de víctima.
El fiscal añadió que un tribunal rechazo dos recursos de excepciones presentados por el parlamentario, quien aducía que estaba cumpliendo con su rol fiscalizador a los órganos del estado.
La fiscal del caso Yolanda Aguilera convocó a declarar a Enríquez Cuéllar por divulgar información personal de Mariaca en redes sociales pese a existir el recurso de acción de privacidad en su contra. Como no se presentó emitió una orden de aprehensión por el delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa e inconstitucionalidad.
El pasado, domingo 4 de agosto, en el Juzgado 4to de Instrucción de lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se realizó una audiencia virtual del proceso donde la jueza Ximena Palacios al analizar el caso denegó la petición de acción de libertad del parlamentario oficialista.
En dicha audiencia, en su declaración ante la jueza Palacios, el asambleísta del MAS aseguró que cumple con su rol fiscalizador a los órganos del Estado. Sin embargo, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz observó que existe una vulneración de los derechos al honor, dignidad, imagen, honra y privacidad de la máxima autoridad del Ministerio Público en Santa Cruz, así como de su familia.
