Si el Concejo Municipal no aprueba hasta el viernes una tarifa transitoria de Bs 2.50 para el transporte público a partir del lunes el sector ingresará en un paro indefinido, anunció Freddy Rivas, dirigente de la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte (Fedectrans).
“Si no hay respuesta, el sábado realizaremos un Cabildo para definir el inicio de un paro indefinido desde el lunes. Pedimos comprensión a los usuarios, ya que los transportistas enfrentan deudas y costos crecientes”, declaró Rivas. Además, reconoció que han recibido notificaciones de sanciones de la Alcaldía por aplicar de manera unilateral el cobro de los Bs 2,50 y señaló que cuentan con apoyo legal para enfrentar estas medidas.
El jueves 21 de noviembre los micreros cumplieron ya un primer paro, que debía prolongarse hasta el viernes, pero que lo suspendieron en la primera jornada tras acordar ser recibidos en las comisiones del Concejo que analizan el tema de la tarifa.
César Pinto, dirigente vecina, rechazó categóricamente el aumento en la tarifa.
“Es una medida abusiva e ilegal. Vamos a actuar junto a los vecinos para evitar este incremento arbitrario, ya que no ha sido aprobado por el Concejo Municipal ni cuenta con estudios técnicos”, afirmó.
Desde el Concejo Municipal, la presidenta Silvana Morcazel rechazó las presiones del sector transportista. “No vamos a ceder a medidas arbitrarias. Mañana presentaremos los resultados de los análisis en las diferentes comisiones. Este aumento no corresponde y es ilegal”, aseguró.
El alcalde Jhonny Fernández enfatizó que el Concejo Municipal debe definir la tarifa esta semana y espera que tome una determinación al respecto hasta el viernes.
“No podemos seguir prolongando este debate. Hemos sancionado a más de 80 líneas por cobros indebidos y, de ser necesario, se retirarán del servicio a las que incumplan la normativa”, advirtió.
El director municipal de Tránsito, Marco Antonio Franco, reveló que de las 127 líneas de micro en la ciudad, solo nueve operan legalmente, mientras que otras 16 están en trámite. “El resto trabaja sin cumplir con las normativas municipales. Esto es un problema que arrastramos desde 2009 y que debe resolverse con urgencia”, explicó.
