El Proyecto Don Bosco, que desde hace más de 30 años brinda esperanza y apoyo a niños huérfanos y en situación de vulnerabilidad en Santa Cruz, enfrenta su peor crisis económica. La deuda acumulada de la Gobernación, sumada a la disminución de ayuda internacional y costos elevados, ha llevado al padre Octavio Sabbadin, fundador del proyecto, a considerar el cierre de dos de sus cinco iniciativas: Mano Amiga y Barrio Juvenil.
El sacerdote, quien desde su llegada a Bolivia dedicó su vida a esta causa, destacó que el déficit financiero es alarmante. Para liquidar al personal, sería necesario contar con al menos 600 mil bolivianos. Actualmente, el proyecto funciona con un presupuesto de apenas 12 bolivianos por niño, cifra que no cubre ni las necesidades más básicas.
La crisis no es exclusiva del Proyecto Don Bosco. Según un pronunciamiento reciente, 70 hogares infantiles acreditados por la Gobernación de Santa Cruz enfrentan una situación similar. Las becas alimenticias, escolares y de farmacia apenas cubren el 30% de las necesidades, y los atrasos en los pagos agravan la situación. Por ejemplo, en mayo de este año, la Gobernación aún no había cubierto los pagos correspondientes a enero, y en la actualidad, se adeuda el mes de octubre.
El padre Octavio lamentó que, pese a los compromisos asumidos por la Asamblea Legislativa Departamental en octubre, aún no se han concretado soluciones. Además, denunció que la falta de acción gubernamental pone en riesgo a cientos de menores acogidos, quienes dependen de esta red para acceder a alimentos, educación y atención especializada.
El arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, se unió al llamado de atención, destacando durante su homilía dominical que “más de 30 hogares infantiles están atravesando momentos críticos”.
Recordó que la Iglesia ha asumido responsabilidades que corresponden al Estado, pero advirtió que su capacidad de apoyo también está al límite.
El Proyecto Don Bosco alberga actualmente a 600 niños y adolescentes, y ha sido un pilar fundamental para miles de menores en situación de riesgo social. Sin embargo, con una cobertura estatal que apenas llega al 20% de los costos totales, el futuro de estos hogares queda en la incertidumbre.
Hasta el momento la Gobernación no ha emitido pronunciamiento sobre el tema y se espera una contraparte por parte del ente departamental.
