La provisión de alimentos a los internos de la cárcel de Palmasola y otros recintos penitenciarios del departamento de Santa Cruz estuvo en riesgo de ser suspendida este martes, debido a una deuda de casi tres meses que la Gobernación cruceña mantiene con la empresa proveedora del servicio. La situación, que afectaba también a los centros penitenciarios de Montero, Okinawa, Buena Vista y Portachuelo, se evitó al final con la intervención de representantes de la Defensoría del Pueblo.
Williams Montaño, propietario de la empresa encargada de la alimentación, había anticipado a un medio televisivo su decisión de suspender la provisión. El costo de los prediarios es de Bs 8 por interno, cubriendo las tres comidas diarias, y en Palmasola se distribuyen alrededor de 9.000 porciones al día,.
Según el Decreto Supremo 1854, las gobernaciones son responsables de financiar los prediarios de los reclusos en sus jurisdicciones. No obstante, la Gobernación de Santa Cruz ha expresado su desacuerdo, argumentando que esta obligación debería ser asumida por el Gobierno central.
La delegada defensorial Sheila Gómez Santivañez sostuvo reuniones con las autoridades de la gobernación y la empresa proveedora para buscaruna solución inmediata. “La Defensoría del Pueblo ha actuado con firmeza y rapidez para garantizar que los internos de Palmasola y otros recintos penitenciarios no queden sin su sustento diario. Gracias a la voluntad y el compromiso tanto de las autoridades como de la empresa proveedora, se ha asegurado la continuidad en la distribución de alimentos”, declaró Gómez.
