El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra aprobó este lunes un proyecto de ley destinado a la fiscalización e interpelación de alcaldes en suplencia temporal y secretarios municipales. La normativa, que permite solicitar informes escritos y orales (PIE y PIO) en caso de incumplimiento, fue respaldada por dos tercios de los concejales presentes, quienes destacaron su importancia como parte de sus funciones constitucionales.
La normativa establece que las multas a las autoridades del Ejecutivo infractoras serán de 20% de descuentos a sus salarios. La normativa también establece que los miembros del legislativo municipal pueden exigir la moción de censura a los Secretarios en caso de incumplimiento en dar la información requerida sobre un tema específico, solicitando su destitución obligatoria.
El vocero municipal, Bernardo Montenegro, cuestionó vehementemente la ley aprobada en el Concejo, calificándola de "inconstitucional" y advirtiendo sobre lo que considera un "desesperado intento político" por parte de ciertos concejales.
Según Montenegro, la nueva normativa no solo carece de fundamentos legales, sino que también otorga facultades peligrosas a los concejales, permitiéndoles acceder a documentos municipales con potenciales fines corruptos.
"Esta ley busca darles la facultad a esos concejales de falsificar documentación para sus beneficios personales", afirmó Montenegro, haciendo alusión a situaciones recientes y problemáticas como el caso del mercado Mutualista.
El vocero insistió en que la normativa carece de futuro y llamó a la población a estar alerta ante lo que considera un abuso de poder por parte del Concejo Municipal.
Alberto Vaca, concejal y proyectista de la norma, defendió la legalidad y necesidad de la ley destacando que se encuentra alineada con la Constitución Política del Estado. Subrayó que la fiscalización no debería ser motivo de temor para el Ejecutivo Municipal.
"No deberían ponerse nerviosos ni temer a la fiscalización", enfatizó Vaca, sugiriendo que las reacciones del vocero son una señal de incomodidad ante el nuevo marco de control.
"Si el Ejecutivo se niega a promulgar la normativa, se seguirán los procedimientos establecidos para que esta sea efectiva desde el mismo Concejo Municipal", agregó Vaca.
