Santa Cruz de la Sierra se encuentra en estado de emergencia luego de que un juez del municipio de Concepción presuntamente falló a favor de un particular, otorgándole 75 hectáreas del Cordón Ecológico, una zona de vital importancia para la protección del río Piraí.
Esta decisión ha desatado una fuerte reacción en el Concejo Municipal, que ha calificado el hecho como un avasallamiento a un patrimonio de los cruceños.
La presidenta del Concejo, Silvana Mucarzel Demetry, manifestó su preocupación ante la situación y anunció que el órgano deliberante trabajará de manera ininterrumpida en la elaboración de una ley corta de emergencia. Dicha normativa obligará al Ejecutivo Municipal a llevar a cabo una auditoría técnica, jurídica y ambiental para evaluar los impactos de esta decisión judicial.
“Nos encontramos en emergencia porque nos están loteando el Cordón Ecológico, que es la muralla de contención del río Piraí y patrimonio de los cruceños. Es inaceptable que se haya llevado este proceso a 350 kilómetros de nuestra jurisdicción para favorecer a un particular”, denunció Mucarzel.
La preocupación se extiende entre los concejales, quienes alertan sobre la vulnerabilidad que esta decisión judicial genera para la ciudad. El concejal Federico Morón recordó que el Cordón Ecológico es una obra de ingeniería civil construida tras la devastadora inundación de 1983 y que, desde entonces, ha evitado en siete ocasiones el desborde del río Piraí hacia la urbe cruceña.
“No podemos permitir que se vulneren nuestras defensas naturales. La justicia está favoreciendo asentamientos ilegales, poniendo en riesgo a toda la población cruceña”, agregó Morón.
“La indignación es generalizada y las cuatro bancadas del órgano legislativo han expresado su compromiso en la defensa de este patrimonio natural”, dijo Murcarzel.
Estas son las determinaciones del Concejo
1. Trabajar de manera ininterrumpida en la aprobación de una ley corta de emergencia que obligue al Ejecutivo Municipal a realizar una auditoría técnica, jurídica y ambiental del Cordón Ecológico.
2. Convocar a los representantes del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura para que fiscalicen el accionar de los operadores judiciales responsables de esta decisión.
3. Solicitar la intervención del Tribunal Agroambiental para realizar una inspección en el lugar junto al Concejo Municipal.
