El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió una sentencia constitucional que devuelve 54 mil hectáreas de tierras a los pueblos indígenas tsimane y ordena desalojar a avasalladores "interculturales".
“La sentencia constitucional 935/2024 marca un precedente histórico en la protección jurídica de los derechos fundamentales en la territorialidad de los pueblos indígenas, en una superficie aproximada de 54 mil hectáreas, que fueron desplazados de forma forzosa por el avasallamiento de sus tierras ancestrales”, expresó la magistrada Isidora Jiménez, este martes.
La sentencia establece, además, la obligación al Estado para generar políticas de protección a estos pueblos de los asentamientos ilegales y la explotación indiscriminada de los recursos forestales y evitar la depredación de bosques.
Asimismo, este fallo reconoce y ordena medidas precautorias en favor de los indígenas para detener la deforestación, resaltando la importancia del medio ambiente.
“La decisión del TCP envía un mensaje claro contra la violación de derechos colectivos, el desplazamiento forzoso y el avasallamiento de tierras indígenas, asegurando que las autoridades sean responsables de sus acciones”, expresó la magistrada.
Además, remarcó que la sentencia reafirma que los pueblos indígenas “tienen derechos diferenciados” sobre su territorio, lo que implica que “no pueden ser tratados como simples solicitantes de tierras fiscales”.
La sentencia anula sentencias anteriores que habían autorizada “comunidades interculturales” a tomar posesión de territorios indígenas tsimane.
El pueblo tsimane controla un pedazo de tierra entre los municipios de San Borja, Santa Ana de Yacuma y San Ignacio, en el departamento amazónico de Beni.
