Este lunes, la Defensoría del Pueblo activó una acción constitucional contra seis instituciones estatales, con el objetivo de obligarlas a asumir acciones coordinadas para fiscalizar la actividad minera en el municipio de Viacha, donde se registraron denuncias de contaminación del agua con cianuro. El titular, Pedro Calisaya, informó que esta medida fue asumida debido a la falta de respuesta de las autoridades del área, pese a las continuas denuncias de daño medioambiental.
"Activamos el litigio estratégico en defensa de los derechos fundamentales y humanos de la población de #Viacha. Tras múltiples gestiones y seguimientos a las denuncias de contaminación del agua con cianuro, que no obtuvieron respuestas efectivas de las instancias competentes, desde la Defensoría del Pueblo, en ejercicio del mandato constitucional establecido en el Art. 222 de la #CPE, presentamos una #AcciónPopular", escribió este lunes el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en su cuenta de X.
La Acción Popular fue interpuesta contra varias instituciones públicas, entre ellas: el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable (AAPS), el Ministerio de Minería y Metalurgia, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha.
En un programa televisivo institucional, Callisaya explicó que esta medida se tomó "con la finalidad de que estas entidades puedan asumir realmente el mandato legal que les asiste en estos temas, donde se pone en riesgo la salud pública, la salubridad y el derecho de acceso al agua".
El 1 de septiembre, comunarios de distintas poblaciones del municipio de Viacha tomaron el edificio de la Alcaldía en protesta por la falta de respuesta a las denuncias de contaminación provocada por más de 20 entidades mineras autorizadas para operar en la zona.
Una investigación realizada por Visión 360 revela la existencia de informes oficiales que confirman altos niveles de contaminación en los ríos del municipio, así como la presencia de mercurio en un reservorio de agua. Además, se han registrado denuncias por la muerte de animales, la aparición de enfermedades entre los pobladores, y la pérdida de cultivos y plantas nativas que sirven de alimento para el ganado.
El Defensor explicó que la acción busca que la justicia constitucional "ordene a las autoridades responsables desplegar acciones coordinadas de control y fiscalización sobre las actividades mineras en el municipio, para garantizar el derecho de la población a un medio ambiente sano y equilibrado, así como la protección integral de los derechos de la Madre Tierra".
Para Callisaya, "la debilidad institucional en el cumplimiento de sus funciones por parte de estas instancias no ha permitido una supervisión efectiva". Por ello, la institución a su cargo impulsó la articulación del Comité Interinstitucional existente, en el que todas las instancias competentes participaron de distintas reuniones, con el objetivo de que asuman plenamente sus responsabilidades.
"Pese a toda esta situación, no se han logrado algunos de los resultados esperados, conforme a lo planificado en el plan de acción, lo que ha generado a su vez distintos conflictos socioambientales, con las recurrencias que hoy conocemos", lamentó la autoridad defensorial.
Por su parte, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, anunció este lunes que su cartera encabezará una reunión interinstitucional en los próximos días para abordar la situación ambiental en el municipio de Viacha.
"Nos han pedido que encabecemos esta acción y estamos coordinando un trabajo interinstitucional. Vamos a llevar adelante una reunión en estos días y, con un buen nivel de coordinación, estoy seguro de que vamos a enfocar bien el tema", informó Ruiz en conferencia de prensa.
Indicó que entre las instituciones convocadas estarán la Gobernación de La Paz, el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, el Ministerio de Salud y otras entidades competentes.
Recientemente, la Alcaldía de Viacha clausuró varias empresas mineras por operar sin licencia. La presión ejercida por los comunarios motivó la aprobación de una ley municipal que declara a Viacha como "territorio libre de contaminación minera", lo que permitió la realización de inspecciones y la imposición de sanciones a las empresas que incumplen la normativa.
Asimismo, la empresa municipal de agua confirmó la presencia de cianuro en dos empresas mineras. En una de ellas se procedió al cierre de la poza contaminante, mientras que en la otra aún se encuentra en etapa de investigación. En total, ya son dos las pozas clausuradas, aunque todavía queda pendiente el tratamiento de estas aguas para eliminar el peligroso químico.
