La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) pidió al Senado que impida la aplicación del Proyecto de Ley 547/2024-2025, que plantea el diferimiento en el pago de cuotas de créditos bancarios de viviendas de interés social y de micro y pequeñas unidades económicas.
La norma, impulsada por el Gobierno, ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y aún espera el aval del Senado para ser promulgada.
En un comunicado oficial, los empresarios pidieron a los senadores que “tomen una decisión prudente y correcta respecto a esta propuesta, y que impidan la aplicación de una medida que va a profundizar la grave crisis por la que atraviesan todos los bolivianos”.
La organización empresarial advirtió que la medida implicaría un riesgo para la estabilidad del sistema financiero nacional, especialmente para las entidades dedicadas al microcrédito, cuya cartera podría verse afectada en más del 80%, lo que podría llevar a la suspensión de sus operaciones.
La CEPB señaló que este tipo de disposiciones no ha consensuado con los actores económicos involucrados y representa, en su criterio, una forma de intervención estatal que altera las relaciones entre ahorristas, prestatarios y entidades financieras.
Asimismo, reconoció las dificultades económicas que enfrentan numerosas familias y unidades productivas, pero manifestó que la salida a la crisis debe plantearse a través de políticas estructurales, y no mediante medidas que generan mayor incertidumbre en la economía.
El gremio advirtió que una postergación en el pago de créditos no afecta únicamente a las entidades financieras, sino también al ahorro de personas y empresas, al empleo de los trabajadores del sector, a las compañías de seguros y al acceso futuro al crédito por parte de nuevos solicitantes.
Recordaron además que experiencias pasadas de diferimiento no lograron los objetivos propuestos y contribuyeron al incremento de la mora y al debilitamiento de la cultura de pago.
Según el pronunciamiento, una decisión de este tipo debe ser evaluada por la próxima gestión gubernamental, evitando la aprobación de normas que podrían agravar la situación económica del país.
