El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, consideró que el “bloqueo” de la Asamblea Legislativa a un crédito de $us 40 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a concluir el proceso de saneamiento de tierras fiscales en el país, impide frenar los avasallamientos y conflictos agrarios en el país.
“Tenemos 18 meses de un bloqueo injusto que ha perjudicado el trabajo de regularización de derechos y saneamiento de la propiedad sobre la tierra. El INRA ha quedado con mínima capacidad técnica y operativa”, señaló Núñez en entrevista con la estatal Bolivia Tv.
El crédito del BID, rechazado el año pasado, buscaba concluir el saneamiento en todo el territorio nacional, implementar un catastro rural descentralizado en los nueve departamentos, resolver conflictos agrarios, fortalecer la gestión territorial y contribuir al desarrollo rural sostenible.
Avance del saneamiento y falta de personal
Según datos del INRA, entre 1996 y 2024 se titularon cerca de 95,8 millones de hectáreas, equivalentes al 93% del territorio sujeto a saneamiento.
Núñez advirtió que la falta de recursos, consecuencia directa de la no aprobación del crédito del BID, ha reducido el personal técnico y operativo e interrumpido los procesos de regularización y titulación de tierras, afectando a comunidades y productores que buscan formalizar su situación legal.
La ausencia de financiamiento también limita la capacidad del Estado para prevenir y resolver conflictos territoriales, como los registrados en Santa Cruz, lo que demuestra el impacto real de esta decisión política en la gestión agraria, explicó el funcionario.
Opositor apunta al INRA como “brazo operativo” de avasallamientos
El diputado opositor Erwin Bazán (Creemos) señaló que el INRA, señaló que el INRA ha sido supuestamente un brazo operativo del avasallamiento sistemático de tierras en el oriente boliviano y ahora intenta justificar esa tragedia aduciendo falta de créditos para el saneamiento.
“La verdad es que el INRA no ha sido solo cómplice: ha sido parte activa de este proceso, brindando cobertura y hasta información privilegiada a los grupos que planifican los avasallamientos”, denunció el legislador.
Según Nuñez ya se aprehendió a 60 personas por avasallamientos. Añadió que el INRA tiene tuición mientras el saneamiento está en curso, pero en el caso de tierras ya saneadas y tituladas la competencia es de los juzgados agroambientales.
“Fue en la gestión de nuestro gobierno que se realizaron desalojos con auxilio de la fuerza pública, se han aprehendido y se han puesto ante un juez cautelar a más de 60 personas en el país”, enfatizó el director nacional del INRA.
