El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, advirtió que la comercialización no autorizada de combustibles en el país constituye un delito y deberá ser investigada de oficio por el Ministerio Público.
“Es el Ministerio Público, a través de las fiscalías en todos los distritos, el que de oficio debería proceder a lo que corresponde. Es decir, es un delito vender combustibles sin la autorización de la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos)”, señaló la autoridad en contacto con los medios.
Silva denunció que estas actividades irregulares, que incluyen la reventa dentro del mercado interno y el contrabando de carburantes hacia países fronterizos, promueven la especulación y afectan directamente al consumidor final.
“Estas personas que están revendiendo en el mercado interno están generando especulación, pero también son las mismas que están cruzando la frontera y revendiendo a un precio mayor”, precisó.
El viceministro lamentó la ausencia de controles más rigurosos por parte de las autoridades competentes y exhortó a una acción coordinada para frenar esta práctica ilegal.
“Ahí falta la presencia de la autoridad competente que ponga un alto a este tipo de actividades”, enfatizó.
Recordó, además, que la comercialización de combustibles está estrictamente regulada y que solo puede ser realizada por entidades autorizadas por la ANH. Cualquier infracción a esta norma —dijo— debe ser sancionada conforme a los procedimientos y reglamentos vigentes.
“Nosotros, en defensa de los usuarios, tenemos la necesidad de exigir a las otras autoridades trabajar en ese sentido para dar seguridad, dar certeza, aplicar los procedimientos, los reglamentos”, enfatizó.
