El Ministerio Público abrió una investigación penal contra la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty Mullisaca, por su presunta vinculación en el millonario desfalco al Fondo de Desarrollo Indígena (FDI). La Fiscalía Especializada Anticorrupción solicitó formalmente la asignación de un investigador para continuar con las diligencias del caso.
Según el requerimiento fiscal, emitido el 17 de noviembre, la exparlamentaria es investigada por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos y conducta antieconómica, cuya parte denunciante es el propio Fondo Indígena.
“Proseguir con las investigaciones"
El fiscal de materia Miguel Cardozo, adscrito a la Fiscalía Anticorrupción, instruyó al investigador asignado “proseguir con las investigaciones en el estado que se encuentra el caso, imprimiendo la máxima diligencia”, según publica la agencia estatal ABI.
Además, ordena que presente un informe de resultados en un plazo de cinco días, considerando que los tiempos procesales en materia penal son “improrrogables y perentorios”.
El documento establece que el personal designado deberá avanzar en los requerimientos pertinentes para esclarecer la presunta participación de Patty y otros involucrados, bajo responsabilidad funcionaria.
El caso del fondo
Patty, denunciante del caso "golpe de Estado", recibió 1,5 millones de bolivianos del Fondo de Desarrollo indígena, Originario y Campesino (Fondioc), junto a otros responsables, por dos proyectos productivos para la provincia Bautista Saavedra de La Paz. Ella admitió en 2021 que no se concluyeron esos proyectos y responsabolizó de ello a exdirectores del Fondioc.
En julio de 2025, a más de 10 años de develarse el caso Fondo Indígena, la Fiscalía presentó la acusación formal para iniciar el juicio contra 15 personas, entre exfuncionarios y dirigentes, quienes se arriesgan a penas de hasta ocho años de cárcel.
Pero el caso estalló en febrero de 2015, luego de que la Contraloría General del Estado detectara 153 obras no ejecutadas que causaron un daño de 71 millones de bolivianos al Estado.
En la lista de acusados figura la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo, quien ya estuvo detenida preventivamente por este caso.
El caso generó polémica porque fueron implicados dirigentes afines al MAS, quienes fueron acusados de recibir depósitos en sus cuentas, sin cumplir con las obras programadas para sus regiones.
