Sectores empresariales, medios de comunicación, profesionales y ciudadanos afectados exigen que el exdirector del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón Morales, sea investigado y, en su caso, procesado conforme a la ley por abusos de poder y atropellos cometidos durante su gestión al frente de la administración tributaria.
Las actuaciones del SIN en los últimos años, bajo su presidencia ejecutiva, sobrepasaron los límites del control fiscal legítimo, llegando a afectar los derechos fundamentales de contribuyentes y ciudadanos.
Organizaciones de microempresarios, cámaras sectoriales y colegios profesionales han denunciado un “acoso tributario” sistemático, basado en multas y sanciones consideradas desproporcionadas, presiones constantes y uso intensivo de facultades coercitivas para forzar el pago de deudas o la aceptación de criterios de fiscalización controvertidos.
Los afectados sostienen que la política recaudatoria priorizó el castigo, generando temor y debilitando la confianza en la administración tributaria.
Uno de los episodios más cuestionados fue señalado por la Defensoría del Pueblo en junio de 2022, cuando Impuestos Nacionales, presidido por Cazón, envió una nota oficial a un creador de contenido de TikTok, exigiendo retirar un video crítico y advirtiendo posibles acciones penales.
La institución defensorial calificó ese accionar como una forma de censura y abuso de poder que pone en riesgo la libertad de expresión, garantizada por la Constitución y los tratados internacionales de Derechos Humanos.
Las prácticas de persecución tributaria fueron selectivas, especialmente con medios de comunicación independientes como EL DIARIO, como mecanismos de presión y represalia por la línea informativa que privilegia la verdad objetiva de los hechos.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) presentó quejas al anterior Gobierno por “acoso tributario” y cobros retroactivos, señalando que el SIN aplica multas y acciones que afectan a empresas formales.
La Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), por su parte, afirmó que existe “acoso tributario” y describe prácticas de llamadas, visitas y notificaciones constantes, multas duplicadas en plazos cortos y presión sobre empresas, pidiendo eliminar multas acumuladas y aplicar facturación universal.
Lo anterior refuerza los pedidos de esclarecer la actuación de la cúpula del SIN en ese período. Paralelamente, críticas públicas y contenidos virales en redes sociales llegaron a describir al SIN como una “casa del terror” para los contribuyentes, imagen que el nuevo presidente de la entidad ha prometido revertir con un enfoque menos punitivo y más respetuoso de los derechos.
Juristas y especialistas indicaron que la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Responsabilidad por la Función Pública permiten investigar y procesar a exautoridades por presunto abuso de autoridad, amenazas, vulneración del debido proceso u otros ilícitos cometidos durante el ejercicio del cargo.
En ese marco, los sectores afectados plantean que corresponde determinar si, bajo la presidencia de Cazón, se configuraron violaciones a derechos como la libertad de expresión, la seguridad jurídica y el ejercicio de actividades económicas lícitas.
Ante esta situación, los afectados insisten en la necesidad de una reforma profunda del régimen sancionatorio y de los procedimientos de fiscalización, para que el control tributario deje de ser un instrumento de amedrentamiento y se alinee plenamente con los principios de legalidad y proporcionalidad.
Ordenar
Tras el nuevo escenario que presenta el Servicio de Impuestos Nacionales, con el nombramiento del nuevo presidente de la entidad recaudadora, Jorge Leonardo Zogbi Nogales, en reemplazo de Mario Cazón, el analista económico Darío Monasterio fija como primera tarea ordenar la casa e institucionalizarla lo más que se pueda.
“Sobre todo, eliminar trabas a la actividad económica, es decir la burocracia medida en el ranking: Facilidad para hacer negocios(Doing Business) elaborado por el Banco Mundial”, señaló.
Indicó que el informe habla sobre las horas que se tarda en pagar impuestos, y para los emprendedores es complicado, en especial para las micro y pequeñas empresas, que demoran mucho en cumplir con sus obligaciones fiscales.
Por ello sugiere que las nuevas autoridades de la entidad recaudadora faciliten los trámites y no se tarde mucho en los pagos, las multas, y aplicar planes para que las empresas sigan operando.
Sin embargo, se espera que haya un perdonazo en el tema de las multas o bajar la presión tributaria. “Trabajar en una administración eficiente, honrada y que sea transparente”, es la sugerencia de Monasterio.
Fernando romero
El presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Fernando Romero, señala que la nueva autoridad debe tener un claro conocimiento pleno de lo que está recibiendo.
Por ello -sugiere- es importante realizar estudios, análisis técnicos y, por supuesto, auditorías para ver si es que no hubo algo irregular o ilegal, o en todo caso si no se ha utilizado a esa entidad como lo que se ha observado en los últimos años, además de (convertirse) en un perseguidor fiscal a empresarios, principalmente.
“Creo que todos hemos sufrido directa o indirectamente de multas, sanciones y otros, injustificados. Pero a pesar de ello, creo que se está hablando de una reforma, no todavía del sistema tributario, sino la forma de relación entre impuestos nacionales y los contribuyentes”, reflexionó.
Dijo que se empiece a manejar de una forma diferente la entidad recaudadora, de tal manera que irradie confianza a la población, y que los emprendedores sientan que abrir un negocio no significará trámites, gastos y una presión fiscal, sino todo lo contrario, que vean los beneficios de la formalidad.
“Creo que es importante y oportuno dar señales claras a la población sobre el manejo de esa institución”, finalizó. /El Diario
