El púlpito ya no es refugio. El nombre del pastor peruano Marco Núñez del Arco resuena hoy más en juzgados, redes sociales y salas de hospital que en templos. Lo que comenzó como una denuncia tardía se transformó en un laberinto judicial, mediático y moral del que ya no hay salida silenciosa.
Este lunes, la Fiscalía de Santa Cruz abrió un segundo proceso penal de oficio contra el religioso. La nueva denuncia no solo involucra a otra presunta víctima menor de edad, sino que incorpora un agravante que sacude aún más el caso: el vínculo de consanguinidad. La denunciante sería su prima.
El fiscal departamental Alberto Zeballos confirmó que la investigación surge de una declaración testifical dentro del primer proceso. De esa grieta, aparentemente lateral, emergió un nuevo frente penal por estupro agravado y violencia familiar o doméstica.
La figura del “pastor ejemplar” comenzó a resquebrajarse cuando una mujer de 29 años decidió hablar de hechos ocurridos cuando tenía 16. Trece años de silencio, miedo y vergüenza se condensaron en una denuncia que puso en entredicho el uso del poder espiritual como herramienta de manipulación.
Núñez del Arco, residente en Bolivia desde hace dos décadas y fundador de movimientos juveniles de evangelización, habría utilizado su investidura religiosa para ganarse la confianza de adolescentes. Esa es la tesis fiscal que hoy sostiene dos procesos abiertos en paralelo.
El primer caso, sin embargo, fue rechazado inicialmente por la Fiscalía por falta de indicios suficientes. La decisión provocó una tormenta pública. La denunciante terminó hospitalizada por depresión, mientras el debate se trasladaba a redes sociales, programas de farándula y despachos oficiales.
En medio del escándalo, la esposa del pastor —una conocida ex Miss Bolivia y figura televisiva— renunció a su cargo en la Gobernación cruceña. El silencio de la pareja contrastó con la exposición de una historia que ya no podía contenerse en círculos religiosos.
El propio pastor denunció una supuesta “trama” en su contra y alegó intereses ocultos detrás de las acusaciones. Paralelamente, presentó una demanda por prescripción de la acción penal, apostando a que el tiempo sea su mejor defensa.
Pero el caso no se detuvo. La aparición de una segunda presunta víctima, también menor de edad al momento de los hechos y con lazos familiares directos, obligó al Ministerio Público a reabrir el expediente con mayor peso jurídico y social.
Instituciones del Estado comenzaron a pronunciarse. Autoridades judiciales y del Ejecutivo expresaron respaldo a las víctimas y comprometieron seguimiento para evitar que los plazos procesales se conviertan en una vía hacia la impunidad.
A este entramado se sumaron episodios colaterales que alimentaron la polémica: denuncias de “abuso espiritual”, conflictos públicos con fieles y relatos que pintan un patrón de poder vertical, difícil de cuestionar dentro de una congregación.
Hoy, el pastor ya no guía rebaños; los enfrenta. Acosado no por sus ovejas, sino por sus propios actos puestos bajo la lupa pública, camina por un laberinto donde la fe, la justicia y la responsabilidad se cruzan sin promesas de absolución fácil.
