
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó que romperá relaciones diplomáticas con Cuba y cerrará la embajada colombiana en La Habana, una medida que marca un giro radical en la política exterior del país y reaviva el debate sobre el papel de la isla en los procesos de paz desarrollados durante las últimas décadas.
El anuncio fue realizado pocos días antes de su posesión presidencial y forma parte de un paquete de medidas que contempla el cierre de embajadas en 14 países. De la Espriella justificó la decisión afirmando que su Gobierno no mantendrá vínculos con lo que calificó como "tiranías", incluyendo también a Nicaragua entre los países con los que prevé romper relaciones.
La decisión contrasta con la postura adoptada por el presidente saliente, Gustavo Petro, quien durante uno de sus últimos viajes oficiales visitó La Habana para reunirse con el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel y expresó su respaldo a la isla frente a las tensiones con Estados Unidos.
Desde Cuba, Petro pidió solidaridad internacional con el país caribeño y propuso al presidente estadounidense Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio abrir un "diálogo entre civilizaciones", en un intento por reducir las tensiones entre Washington y La Habana.
El cambio de orientación diplomática ocurre cuando se cumplen casi diez años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), negociación que se desarrolló en La Habana y permitió la desmovilización de aproximadamente 13.000 combatientes.
La decisión del nuevo mandatario provocó cuestionamientos de figuras que participaron en ese proceso. El exjefe negociador del Gobierno de Juan Manuel Santos, Humberto de la Calle, calificó como un "error" la ruptura de relaciones y destacó el papel desempeñado por Cuba durante las conversaciones de paz.
De la Calle sostuvo que el Gobierno cubano actuó con profesionalismo y seriedad diplomática durante las negociaciones con las FARC y aseguró que la isla dejó atrás cualquier intento de promover movimientos revolucionarios en Colombia, convirtiéndose más bien en un actor que contribuyó a reducir las tensiones políticas.
El deterioro de las relaciones entre Bogotá y La Habana comenzó durante el Gobierno de Iván Duque, tras la negativa de Cuba a extraditar a dirigentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) luego del atentado con carro bomba contra una escuela de cadetes en Bogotá en 2019. La Habana argumentó que debía respetar los protocolos internacionales firmados para las negociaciones de paz.
Esa disputa coincidió con la decisión de la primera administración de Donald Trump de reincorporar a Cuba a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo en enero de 2021, una medida respaldada por el entonces Gobierno colombiano.
Diversos protagonistas del proceso de paz advirtieron en ese momento que sancionar a los países que actúan como garantes de negociaciones podía dificultar futuros diálogos con grupos armados. Tanto Humberto de la Calle como Sergio Jaramillo defendieron el papel de Cuba y Noruega como facilitadores de los acuerdos.
El expresidente Juan Manuel Santos también pidió en 2021 que Estados Unidos retirara a Cuba de esa lista, al considerar que la isla desempeñó un papel determinante para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado y facilitar la reconciliación nacional.
Con la llegada de Gustavo Petro al poder, las relaciones entre Colombia y Cuba fueron restablecidas y La Habana volvió a ser sede de conversaciones con el ELN dentro de la política de "paz total". Aunque ambas partes alcanzaron un inédito cese al fuego, el proceso terminó fracasando tras el recrudecimiento de la violencia guerrillera en la región del Catatumbo.