“Es lamentable, pero es mi decisión, quiero estar sano, este caso me enfermó al extremo, no quiero más dolor, no quiero más lágrimas. Quiero estar tranquilo, vivir tranquilo”, fueron las palabras de Percy Suárez, al momento de anunciar que se alejaba del proceso. Él fue uno de los siete periodistas encañonados, torturados y secuestrados por los denominados "interculturales" que avasallaron la propiedad de Las Londras, el 21 de septiembre de 2021, en la provincia Guarayos de Santa Cruz.
El camarógrafo fue quien logró grabar la temible imagen de los encapuchados apuntando con rifles a los periodistas y quienes luego de golpearlo dispararon contra su cámara. Pese a ello se logró recuperar la memoria digital y se conocieron los detalles de aquel delito.
Pese a que entre las otras víctimas también había representantes del sector de empresarios (quienes fueron los que llevaron a los periodistas al lugar), dueños de Las Londras y uniformados que fueron golpeados hasta quedar inconscientes, nadie más presentó la denuncia. Los miembros de la Policía Boliviana se retiraron del caso al día siguiente que fueron secuestrados, afirma Percy, quien con el tiempo fue el único que siguió el caso y logró que, en medio de cientos de irregularidades, la Fiscalía emita la acusación contra cinco dirigentes interculturales para el inicio de un juicio que no inicia desde hace un año.
Según explicó Suárez aVisión 360, su salud le permitió llegar hasta este punto y ahora se retira del proceso que, contradictoriamente, le costó su trabajo ya que decidió dejar la Red ATB porque nunca le brindaron apoyo. El periodista insiste que no se margina del caso por cobardía o irresponsabilidad, sino porque ahora quiere disfrutar de sus nietos y porque, afirma, existe una estructura de protección del Gobierno actual hacia los secuestradores.
“Estos tres años, con el apoyo de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz y la doctora Raquel Guerrero hemos peleado para que avance el proceso, pero estamos nadando contra la corriente, hay una estructura de protección hacia estos delincuentes. El fiscal departamental ahora es el Fiscal General (Roger Mariaca), el que era Comandante General de la Policía (Jhonny Aguilera), ahora es viceministro, los funcionarios del INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) que permitieron todos esos avasallamientos ahora están postulando a magistrados, no se puede solo contra esta estructura”, lamentó Suárez.
Sobre ese punto, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANP) y las nueve asociaciones departamentales emitieron un comunicado para alertar sobre el peligro de la extinción del proceso judicial. “Denunciamos la impunidad (desde el Estado) que protege a los agresores y exigimos reparación y justicia para las víctimas”, señala el encabezado del pronunciamiento.
Contexto
El 28 de octubre de 2021, siete periodistas que realizaban la cobertura de avasallamientos de tierras en la propiedad Las Londras, fueron emboscados, detenidos y amenazados de muerte por encapuchados armados que los tuvieron secuestrados durante más de siete horas. Para la ANPB no hay duda de que este hecho marca uno de los peores agravios contra la prensa boliviana en democracia.
“La violencia desatada contra el grupo de periodistas afectó su derecho a la integridad personal y a la vida, y constituye una grave amenaza a la libertad de expresión y de prensa. Asimismo, la falta de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de los responsables vulnera el debido proceso, las garantías judiciales y el derecho de acceso a la justicia. Lamentablemente, de inicio se observó una sospechosa falta de voluntad estatal para esclarecer el caso, pues las fuerzas del orden ingresaron al lugar 48 horas después de los hechos”, recuerda parte del comunicado.
Por su lado, la abogada Guerrero, explicó aVisión 360que, durante la investigación, los jefes de la Policía Boliviana cambiaron dos veces a los investigadores, quienes habían logrado identificar a los delincuentes. Lo propio sucedió con los fiscales del caso.
“Las autoridades judiciales dejaron en libertad a los principales acusados y se activaron diversos mecanismos para desalentar a las víctimas de continuar con la demanda. Dejaron en libertad a los acusados sin considerar su alto grado de peligrosidad, situación que posteriormente quedó en evidencia cuando éstos participaron en otros avasallamientos de tierras con el mismo modus operandi y sembrando terror y violencia”, denunció la ANPB.
Por último, se remarcó que el inicio del juicio oral está estancado con el pretexto de que no pueden notificar a los cinco imputados. Se ha llegado al extremo de pedir a las víctimas que realicen las notificaciones sin tomar en cuenta el riesgo, pero, además, sin explicar por qué no se los notifica por vía digital o cuando van a firmar a la Fiscalía como establece las condiciones de su arresto domiciliario.
“Ante esa situación demandamos al Gobierno cumplir con su deber de garantizar justicia y de contribuir con la persecución de los responsables de la tentativa de asesinato a periodistas y exigimos a la Fiscalía General del Estado asumir un rol activo en la acción penal hasta el logro de una sentencia que haga justicia. Las Londras es una herida abierta que no solo vulnera la libertad de prensa sino también el derecho de la ciudadanía a estar bien informada”, concluyó la ANPB.
