El idilio liberal del presidente Rodrigo Paz duró apenas unas semanas. La reciente promulgación del Decreto Supremo 5516 marca un giro dramático en la narrativa oficial: el "Capitalismo para Todos" del decreto 5503 ha sido "maquillado" por la realidad política. Tras jornadas de intensa presión y bloqueos por parte de la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores sociales, el Gobierno ha tenido que sacrificar gran parte de su pureza de mercado para abrazar un modelo que, aunque sube los precios de la gasolina, intenta comprar la paz social mediante bonos y medidas que rozan el populismo clásico.
Lo que cambió radicalmente es el sentido de la urgencia. Mientras que el decreto original se centraba en seducir al inversor extranjero, el 5516 se concentra en calmar al dirigente sindical. El espíritu liberal del 5503 ha sido sepultado por una avalancha de "medidas sociales" que parecen redactadas bajo el dictado de la COB. El Gobierno ha pasado de hablar de "libertad económica" a priorizar el incremento del Salario Mínimo Nacional en un 20%, una cifra que desafía la lógica de austeridad del sector privado pero que cumple con el pliego petitorio de la Central Obrera.
En el corazón de este cambio está el nuevo rostro del subsidio. El Gobierno ha admitido que no puede mantener la gasolina barata, pero ante el temor de un estallido social, ha decidido "devolver" ese dinero a través de una red de transferencias monetarias. Así nace el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), una medida asistencialista que busca inyectar dinero directo al bolsillo de los sectores más ruidosos. No es una reforma de mercado pura, es un mecanismo de compensación para evitar que el ajuste de precios (el gasolinazo) tumbe al gobierno.
Lo que se mantiene, casi como un sobreviviente solitario, es la sinceración de los precios de los combustibles. El Diésel a 9,80 Bs/Lt y la Gasolina a 6,96 Bs/Lt son una realidad que el Gobierno no pudo negociar, pues el Estado ya no tiene dólares para importar. Sin embargo, para que este trago amargo pase, se ha recurrido al viejo manual de los bonos: se incrementa el Bono Juancito Pinto y la Renta Dignidad. Es una jugada interpretada por muchos como un retroceso; el gobierno de Paz ha tenido que "populizar" su reforma para que sea digerible en las calles de El Alto y las sedes sindicales.
El enfoque de las inversiones también ha quedado bajo la sombra de la Gestora Pública. El decreto 5516 autoriza a esta entidad a manejar los pagos del PEPE, lo que genera una contradicción interpretativa: un gobierno que prometía eficiencia privada termina utilizando el aparato burocrático estatal para distribuir subsidios. Aunque se aclara que no se tocarán los fondos de pensiones, la dependencia de la Gestora refuerza la idea de un Estado que, lejos de achicarse, se vuelve el gran pagador de favores sociales.
La presión de la COB no solo se siente en el salario, sino también en el diferimiento de créditos. El decreto otorga seis meses de gracia para deudas de vivienda y microempresas. Lo que antes era una medida técnica de alivio, ahora se presenta como un triunfo de la "sociedad civil organizada". El tinte asistencialista es innegable: se protege al deudor a costa del sistema financiero, priorizando la estabilidad política del momento sobre la salud crediticia a largo plazo que buscaba el enfoque liberal inicial.
Incluso la racionalización del gasto público ha quedado matizada. Si bien el decreto habla de austeridad, protege con pinzas a los sectores donde la COB tiene más fuerza, como el magisterio y salud. El "Estado Tranca" que Rodrigo Paz prometió destruir parece haber ganado la primera batalla, obligando al Ejecutivo a mantener estructuras y escalas salariales que el sentido común liberal sugería recortar. La "reforma" ahora tiene un costo fiscal altísimo que deberá ser pagado con la misma deuda externa que el gobierno criticaba.
En conclusión, el DS 5516 es el hijo de la necesidad y el miedo. Es un decreto que intenta salvar lo poco que queda del plan económico (la subida de combustibles) entregando a cambio el control salarial y una red de bonos que el país no sabe si podrá sostener. Bolivia ha pasado de un decreto de "inversión" a uno de "contención". Rodrigo Paz ha descubierto que en la política boliviana, muchas veces, la mano invisible del mercado es vencida por el puño cerrado de la Central Obrera.
