El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, informó que como resultado de las intervenciones de control y fiscalización realizadas en el departamento de Santa Cruz, se determinó la existencia de responsabilidades disciplinarias en contra de 35 jueces, quienes enfrentan procesos por faltas graves y gravísimas en el ejercicio de sus funciones.
La autoridad explicó que, tras el levantamiento técnico efectuado por las unidades de control y fiscalización, se identificó irregularidades en un total de 147 procesos, los cuales ya fueron admitidos para que un juez disciplinario determine las sanciones correspondientes, que pueden derivar en la suspensión o destitución de autoridades jurisdiccionales que incumplieron mandatos constitucionales. “Producto de estas intervenciones en Santa Cruz, se pudo establecer responsabilidades a través de informes técnicos emitidos por control y fiscalización. De los 147 procesos iniciados, ya se encuentran admitidos para que el juez disciplinario determine la sanción correspondiente”, señaló.
De acuerdo con el informe oficial, los 35 jueces intervenidos incurrieron en faltas disciplinarias graves, motivo por el cual fueron suspendidos conforme a la normativa vigente. Asimismo, se estableció que 30 de ellos registraban al menos tres faltas graves previas, situación que configura faltas gravísimas y habilita el inicio de procesos disciplinarios orientados a su posible destitución.
El presidente del Consejo de la Magistratura destacó que estas acciones forman parte de un trabajo continuo de intervención directa en juzgados, en coordinación con la población, con el objetivo de identificar irregularidades jurisdiccionales y fortalecer la transparencia del Órgano Judicial. “Estamos trabajando con la población, escuchando sus denuncias y elaborando un cronograma de intervenciones para continuar con este proceso en los departamentos donde aún no se ha intervenido”, afirmó.
Spencer informó además que durante la gestión 2025 ya se realizaron intervenciones en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, y anunció que estas acciones se extenderán al resto del país. Asimismo, aseguró que se realizará un seguimiento especial a los procesos considerados vulnerables, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa y la correcta administración de justicia.
